Ley de Geolocalización en el Perú
La ley de Geolocalización
en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado tiene como finalidad
regular el acceso de la unidad especializada de la Policía a la localización o
geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza
similar, en casos de flagrancia delictiva.
La
preocupación con respecto a esta ley surge cuando nos cuestionamos si se
seguirán los protocolos necesarios para que el proceso no afecte el derecho a la
privacidad de los ciudadanos, ya que la policía podría acceder a los datos de
los ciudadanos, sin embargo, no se precisa quiénes tendrán acceso a ellos y
dónde serán almacenados.
Así mismo,
la Policía podría acceder a la información sin tener el debido proceso que
garantice la privacidad. La Policía puede pedir los datos y tiene un periodo de
24 horas para pedir que se revalide la información por un juez, y aun cuando el
juez no la revalide, los datos de igual manera estarían en posesión de la Policía.
Sin
embargo, la norma constituiría una restricción legítima de derechos en cuanto
al fin constitucional válido que existe para ella, ya que es una lucha contra
la delincuencia. Es decir, no se trataría de un hecho arbitrario por parte de
la Policía, sino una medida para minimizar un problema que nos afecta cada vez
más como sociedad: La delincuencia.
Si bien es
cierto que la tecnología puede ser muy efectiva contra la delincuencia, ésta
debe emplearse de forma correcta para no convertirse en un arma de doble filo y
afectar a los ciudadanos en lugar de ayudar a agilizar procesos que antes
tardarían mucho más tiempo.
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